A través de la declaración de interés legislativo y provincial de la “Campaña por el derecho al voto de las personas que se encuentran en establecimientos de salud mental y discapacidad 2021”, el Poder Legislativo, se sumó al compromiso como parte del Estado, para asegurar que cada ciudadano y ciudadana que se encuentren institucionalizados por motivos de salud mental y discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública.
De esta manera se da un paso fundamental, al tratarse de una población que durante mucho tiempo, en su gran mayoría, permaneció al margen en lo que respecta a participación electoral.
La campaña nacional, de cuya presentación participará el Área de Discapacidad de la Legislatura chaqueña, fue promovida por la Agencia Nacional de Discapacidad, y organizada en la provincia por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y el Órgano de Revisión de Salud Mental,.
Por su parte, también la “Mesa nacional por el derecho al voto de las personas que se encuentran en establecimientos de salud mental y discapacidad 2021” se compromete a acompañar para el logro de los objetivos planteados.
El presidente del Poder, Hugo Sager, es autor de la resolución 902/2021, aprobada por el Cuerpo, por medio de la cual el organismo adhiere a esta campaña en la que prevé llevar adelante acciones, de manera coordinada con las áreas implicadas, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de equidad de las personas con discapacidad y aquellas que se encuentren en establecimientos de salud mental.
Es importante remarcar que todas las personas incluidas en este grupo de población tienen derecho a votar a las autoridades que van a representarlas en los diferentes cargos legislativos del país. Este derecho ciudadano está establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza a las personas con discapacidad los derechos políticos en igualdad de condiciones con las demás y compromete a los estados a asegurar que puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, así como la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, presumen la capacidad jurídica de las personas.
