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Diputados tratarán este viernes la prórroga de la emergencia económica hasta diciembre

 

El proyecto del Poder Ejecutivo busca extender durante otros seis meses el estado de emergencia económica financiera de la Provincia del Chaco establecido originalmente a través de una ley de 2015.

 

En la octava Extraordinaria del año, que tendrá lugar este viernes desde las once en el Recinto de Sesiones Deolindo Felipe Bittel, el Cuerpo legislativo tratará la prórroga de la Ley Nº 3110-A de Emergencia Económica Financiera de la Provincia del Chaco. 

                        

La emergencia económica y financiera fue declarada inicialmente en diciembre de 2015 por ley 2425-F cuando el Estado chaqueño tuvo que hacer frente a las sentencias judiciales firmes motivadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. 

 

En esa oportunidad, la Legislatura le garantizó al Poder Ejecutivo que los bienes del Estado no serían embargados mientras se elaboraran herramientas crediticias para hacer frente a las demandas. En otras siete ocasiones la norma fue sucesivamente prorrogada. 

 

En esta ocasión, sin embargo, las razones argumentadas por el Ejecutivo para extender la emergencia hasta el 31 de diciembre están vinculadas a la pandemia de coronavirus: “La expansión global del virus COVID 19 (SARS-CoV-2), ha provocado una fuerte retracción de la actividad económica, impactando negativamente en las recaudación tributaria”. 

 

Al aumento en el gasto sanitario y las medidas “extraordinarias y excepcionales” como el aislamiento social preventivo y obligatorio, hubo que agregar “la consecuente suspensión de términos y plazos administrativos y legales, licenciamiento obligatorio de agentes públicos, receso de la Administración Pública, organismos descentralizados, institutos y entidades tanto públicas como privadas”. 

 

El objetivo, al igual que cuando se sancionó la emergencia original, es “proteger los recursos y fondos disponibles de la Provincia”, esta vez “para la atención de gastos imprescindibles para el sostenimiento de servicios esenciales, entre los que sobresale, en esta coyuntura, el servicio público de salud”.