El presidente del Poder Legislativo del Chaco Hugo Sager, junto a sus pares del interbloque Frente Chaqueño manifestó este jueves su acompañamiento a la iniciativa global para que la futura vacuna contra el coronavirus sea declarada como bien público, de manera que su acceso sea universal y gratuito.
A través de una resolución, respaldó la declaración conjunta de los presidentes de parlamentos de América latina y el Caribe. Dicho documento insta a los jefes de Estado y de Gobierno de la región a que demanden a la comunidad científica, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que la vacuna contra la COVID-19 sea un bien de uso público y, por tanto, gratuita, universal.
Además, se solicita a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que propicie un acuerdo global acerca de la eventualidad del no registro de una posible patente.
“Este jueves conocimos la postura de los presidentes de los parlamentos regionales, espacio donde participa nuestro país a través del Parlamento del Mercosur. Allí se generó el consenso sobre la necesidad de actuar con antelación a la posibilidad de que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus y, en ese caso, que se proporcione el acceso gratuito a todas las poblaciones como medida para enfrentar la crisis generada por la pandemia”, destacó Sager.
En esta línea, subrayó la necesidad de actuar con anticipación, considerando la situación económica de los países, que dificultará la adquisición de las vacunas para una posterior distribución gratuita a toda la población.
“La OMS y sus asociados están intentando conseguir financiación para, entre otras cuestiones, acelerar la investigación y el desarrollo de vacunas y terapias, para lo cual se ha creado el fondo de respuesta solidaria a la COVID-19, que recaudará fondos para apoyar la labor de dicha organización a fin de ayudar a países a responder a la pandemia”, refiere la declaración respaldada por el titular del Poder Legislativo chaqueño.
Al finalizar, el diputado remarcó que “la investigación privada no garantiza ni la producción ni la distribución de las vacunas a gran escala y, mucho menos, su accesibilidad, por lo cual la propiedad intelectual de la vacuna debe ser un bien público”.
