El proyecto enviado a la Cámara de Diputados busca facultar al Ejecutivo para hacer modificaciones, adecuaciones edilicias y urbanísticas, adaptando los edificios a estándares de modernidad, sustentabilidad y tecnología aplicada, además de proyectar nuevas construcciones.
El Gobierno provincial viene trabajando desde el 10 de diciembre del año pasado en un esquema de oxigenación y modernización de las arcas del Estado, buscando equilibrio fiscal y financiero, y solvencia en los servicios que se brindan a la comunidad para una gestión pública de calidad.
Es así que el 11 de enero el gobernador Jorge Capitanich presentó un plan integral de saneamiento fiscal y financiero que se propone aumentar los ingresos, reducir el déficit y eliminar gastos innecesarios. “Promoveremos la venta de bienes inmuebles innecesarios y de rodados en desuso para generar ingresos para el Estado y también ahorros por el costo de mantenimiento y la tasa de depreciación”, indicaba entonces Capitanich.
Esa idea fue la misma que transmitió en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1 de marzo del 2020, anticipando que enviaría un paquete de 50 iniciativas legislativas. Entre ellas se encuentra, precisamente, el proyecto de transferencia o disponibilidad de bienes inmuebles en desuso, tanto de la administración pública como de empresas y organismos estatales. Actualmente el proyecto está siendo tratado en comisión en la Cámara de Diputados.
“Pretendemos discutir cada punto de la propuesta. La oposición por oposición no sirve, la crítica constructiva es bienvenida”, expresó el gobernador, destacando que lo que se busca “es poner en discusión un cambio de paradigma respecto al rol del Estado, llevando adelante una gestión enfocada en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía”.
Es que, aprobarse y convertirse en ley, el Poder Ejecutivo podrá disponer de unos 22 inmuebles no sólo para una posible subasta de bienes, sino que fundamentalmente para otras opciones: parcelamiento para la disponibilidad parcial, cambio de afectación del uso actual, constitución de derechos reales como el derecho de superficie, concesión, entre otras figuras que permitirán optimizar el patrimonio del Estado.
A partir de la disponibilidad de los inmuebles, se podrán hacer modificaciones y adecuaciones edilicias y urbanísticas, adaptando los edificios a estándares de modernidad, sustentabilidad y tecnología aplicada, además de la proyección de construcciones nuevas.
Lo que se busca es contar con edificios públicos modernos y accesibles, orientados a la atención eficaz, eficiente y ágil, con infraestructura sustentable que incluya tecnología de avanzada en equipamiento y redes de comunicación, reduciendo los gastos de logística, alquileres y mantenimiento de bienes ociosos o disfuncionales.
Ninguna parte del proceso implica la disponibilidad de un bien sin la intervención de las áreas pertinentes, un informe pormenorizado del estado del bien, afectación actual, y propuestas de afectación. Las valuaciones serán determinadas por la junta de valuaciones provinciales y sujeto a contralor.
El proyecto forma parte de las reformas estructurales que el gobernador viene planteando como ejes rectores de gobierno, desde el inicio de su tercer mandato, y que requieren del máximo consenso político y social. Por ello se han planteado un conjunto de iniciativas legislativas, pactos sociales y acuerdos sectoriales, fijando las prioridades de las políticas públicas para lograr calidad democrática e institucional.