Ante funcionarios policiales el gobernador insistió en la necesidad de protocolos de prevención y buenas prácticas de la policía de la provincia, y la importancia de la capacitación permanente y obligatoria en políticas de género, como la Ley Micaela, derechos humanos e indígenas, como la Ley de Interculturalidad. Anticipó que modificará la estructura del Comité de Prevención contra la Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.
El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga convocaron a la Policía a poner en marcha nuevos protocolos en materia de seguridad pública a raíz de los hechos de violencia institucional sucedidos en la localidad de Fontana, motivo por el cual el Gobierno apartó de sus funciones a los policías implicados y se constituyó como querellante en la causa.
“Así como se tomó una decisión en forma inmediata, tenemos que ser capaces de generar un proceso a partir del cual hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, porque el Estado debe ser ejemplo de paz”, afirmó el mandatario ante jefes y autoridades de la Policía del Chaco, y acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez.
“Nuestras comunidades originarias han tenido una agresión sistemática en más de 500 años de historia, y son víctimas no solamente de la agresión del despojo de sus tierras sino también de la exclusión social. Los hechos ocurridos en Fontana de ningún modo pueden ser avalados, son inadmisibles en la provincia y en el país que seguimos construyendo”, manifestó.
Los protocolos de intervención tendrán un carácter preventivo, indicó el gobernador, con el objeto de “preservar y mantener el orden público y al mismo tiempo, preservar, predicar y garantizar la paz social”. En esa línea anticipó que modificará la estructura del Comité de Prevención contra la Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros.
El gobernador insistió en la necesidad de un manual de buenas prácticas de la policía de la provincia y la importancia de la capacitación permanente y obligatoria en políticas de género, como la Ley Micaela, derechos humanos e indígenas, como la Ley de Interculturalidad. También planteó la relevancia de la puesta en marcha de protocolos de actuación ante vulneraciones de derechos humanos, que tiene que ver con la reglamentación de la guardia permanente de Derechos Humanos, la notificación de hecho intervención, y la comunicación.
OTROS TEMAS DE LA AGENDA
Como lo hizo a lo largo de la campaña electoral y en base al modelo de gobierno Chaco 2020-2030 recuperó la importancia de contar con una policía judicial como agente auxiliar a la justicia, por un lado, y con la policía provincial en el marco de lo que significa la delimitación de hechos y procedimientos, por el otro. “En virtud de la existencia de contravenciones y delitos que pueden clasificarse entre comunes y complejos, es necesario tener un marco institucional que regule la acción del Estado”, expresó.
Además, detalló la necesidad de propiciar la ley de Peculio, la aplicación irrestricta del Juicio por Jurados, tal cual como se está ejecutando “pero con la necesidad de que la misma institución pueda aplicarse en forma sistemática, tal cual lo diseñamos en el 2015”. Y también, la Escuela Judicial, en el ámbito del Consejo de la Magistratura con el objeto de lograr “calificación e idoneidad de ejercicio de magistrados para impartir justicia y objetivo y desprovisto de parcialidad política“.
El gobernador se refirió también a la inteligencia criminal para delitos complejos, comunes y contravenciones, y expresó que “es necesario prevenir delitos comunes, y es necesario un modelo para penalizar las contravenciones a los efectos de no promover conductas que estén reñidas con disposiciones legales vigentes”. Sobre esto, agregó: “Cumplir la ley es clave para cualquier modelo de convivencia civilizada y pacífica de una sociedad”.
Por último, expresó la instauración de un cupo indígena de la integración de las fuerzas de seguridad, es “un componente para reconocer nuestra identidad plurilingüe, multicultural y plurireligiosa”.
MEDIDAS, PUNTO POR PUNTO
1. Agenda legislativa: a) Policía judicial, b) Peculio, c) Juicio por jurado, d) Escuela judicial;
2. Inteligencia criminal para delitos complejos. Delitos comunes. Contravenciones;
3. Comité de Prevención contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes que será modificado en su estructura incorporando la temática de violencia policial e institucional con un modelo transparente de concursos de antecedentes y oposición para la selección de sus miembros;
4. Aplicación integral de la Ley de seguridad democrática (artículo 89). Dirección de Control Policial. Reglamentación y ejecución de la auditoría interna, inspecciones preventivas y defensoría letrada;
5. Protocolo de actuación ante vulneraciones de derechos humanos. Reglamentación de la guardia permanente de DDHH. Notificación de hecho. Intervención. Comunicación;
6. Defensoría del Policía. Regulación y selección;
7. Manual de buenas prácticas de la policía de la provincia. Capacitación en políticas de género. Derechos humanos. Derecho Indígena. Ley Micaela. Ley de Interculturaliodad Obligatoria para todos los agentes públicos;
8. Cupo indígena para la integración a las fuerzas de seguridad.
