El acuerdo, refrendado por todas las partes tras una audiencia en Sáenz Peña, establece que el Ejecutivo desiste de todo interés en la persecución penal de la organización, mientras que ésta se compromete a reconvertirse en una guardia ambiental. La audiencia fue conducida por el juez Miguel Aranda y contó con la presencia por videoconferencia del Fiscal Carlos Amad
Tras una audiencia multipropósito convocada por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Ejecutivo provincial y representantes de la Guardia comunitaria Whasek llegaron a un acuerdo que puso fin a un conflicto de larga data en la zona de El Impenetrable.
El acuerdo, refrendado por todas las partes, establece que el Gobierno provincial desiste de todo interés en la persecución penal de la guardia, mientras que ésta se compromete a reconvertirse en una guardia ambiental con asistencia del Estado.
“Esto pone fin a un conflicto de larga data y abre un camino para la profundización del diálogo y para construir un sistema de consensos respecto a la paz social que es necesario garantizar”, aseguró el gobernador Capitanich, quien estuvo acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
La instancia de diálogo se desarrolló en el marco de una causa penal en la justicia federal en la que dos miembros de la guardia se encontraban imputados por el delito de sedición. La audiencia fue conducida por el juez Miguel Aranda y contó con la presencia por videoconferencia del Fiscal Carlos Amad. Durante el proceso, los referentes de la guardia Wasek fueron patrocinados por Kevin Nielsen y Paulo Pereyra, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.
“Es importante que la opinión pública conozca un acta de estas características. Es histórica por su contenido y por ser aplicada por primera vez en el ámbito de una instancia judicial. Es un avance importante. El estado debe generar las condiciones para generar mecanismos de conciliación y acuerdo, y este es un gran paso”, aseguró el mandatario provincial
El acuerdo alcanzado tras la audiencia conciliatoria prevé una serie de medidas conformes a los artículos 22 y 34 del Código Procesal Penal de la Nación. Implica, por parte de la guardia comunitaria, la entrega de uniformes, el cese de utilización de todo tipo de armas y la no realización de retenes y todo acto que sea propio de las competencias policiales.
La secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez, explicó que “la importancia de este avance en materia de ampliación de derechos se da en el marco del nuevo código procesal federal”. “De esta manera se abren instancias de resolución de conflictos, pudiendo dar voz a las comunidades, en pleno respeto del derecho de los pueblos indígenas”, amplió.
Capitanich destacó que, de esta manera, “nadie pone en duda el ejercicio de la Constitución provincial y nacional y las leyes, ni el monopolio del poder de policía por parte del Estado”. “Me parece importante el acceso a la justicia y poder generar medidas que les permitan ser parte activa de las denuncias de delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes”, expresó.
Por su parte, el gobierno provincial se comprometió a la concreción de políticas públicas focalizadas para garantizar el pleno goce de los derechos sin discriminación alguna, entre las que se encuentran: el refuerzo en la seguridad por parte de la policía de la provincia del Chaco, la articulación para apertura de una delegación de la gendarmería nacional argentina con perfiles adecuados y con diálogo con las comunidades, la apertura de una Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y de una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia, entre otras medidas promueven el desarrollo de la comunidad en un plano de armonía.
