Las medidas buscan garantizar la seguridad y protección de las personas privadas de su libertad y los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial en el marco de la pandemia por Covid-19.
El Poder Ejecutivo Provincial enviará al Poder Judicial una serie de propuestas con el objetivo de propiciar medidas de seguridad y protección que atiendan las actuales demandas, elevadas a las autoridades provinciales, por las personas privadas de su libertad y los trabajadores del Servicio Penitenciario.
Las propuestas, surgieron a partir de una serie de reuniones encabezadas tanto por el gobernador Jorge Capitanich como por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, que se han desarrollado durante la semana transcurrida, y de las que tomaron parte organismos de Derechos Humanos, miembros de los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud, la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, la Policía de la Provincia del Chaco, el Servicio Penitenciario Provincial, miembros del Comité para la Prevención de la Tortura, el Ministerio Público de la Defensa, representantes de otras fuerzas federales, referentes y familiares de los privados de su libertad.
Luego de relevar las preocupaciones y demandas expresadas en el ámbito de estas reuniones, las autoridades provinciales han determinado la necesidad de proponer al Poder Judicial una serie de medidas de emergencia para garantizar la convivencia pacífica y segura de las personas privadas de su libertad y los trabajadores y asistentes del Servicio Penitenciario, en el marco de la pandemia por Covid -19.
Entre las medidas que se proponen desde el Ejecutivo provincial, se destaca la de elevar una nota formal a la Junta Federal de Cortes para la adopción –junto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- de un protocolo para regular diversos criterios referentes a la implementación de las prisiones domiciliarias y/o preventivas; el otorgamiento de libertades asistidas, condicionales y/o transitorias; aplicación de medidas por agotamiento de penas; conmutación, rebajas e indultos, contemplando las recomendaciones realizadas tanto por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura como por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Asimismo, y en sintonía con las medidas que el Gobierno Provincial viene implementando para atender las demandas de la ciudadanía que se encuentra dificultada de realizar sus actividades de manera normal debido al aislamiento preventivo obligatorio, el Gobierno Provincial sugiere se determinen en carácter de urgente, medidas tendientes a la regulación en el uso de tecnologías para el control de los procesos y reformas que requiere el Código Procesal Penal Provincial, generando modelos de comunicación de las personas privadas de su libertad a través de la tecnología existente y la necesaria aplicación de protocolos de bioseguridad para las personas en contexto de encierro en todo el territorio nacional.
Para esto, el Ejecutivo provincial determina como necesaria la participación de organismos de DDHH, Comités de Prevención de Torturas nacional y provinciales, Consejo Federal de DDHH, Consejo de Seguridad Interior, representantes de las fuerzas de seguridad federal y provincial y sistemas penitenciarios.
A su vez, el Ejecutivo Provincial insistirá en promover la obtención de financiamiento urgente para el uso de tecnologías, la generación de un plan de inversión en infraestructura básica que mejore las condiciones de habitabilidad, la regulación nacional del sistema de peculio con el objeto de incentivar el financiamiento de su propia condena y programas de educación intensiva para cada uno de las personas privadas de su libertad.
En los últimos días, el Sistema Penitenciario Provincial ha realizado un análisis exhaustivo, severo e interdisciplinario que puso a consideración del Poder Judicial de la Provincia a través de los Jueces de Ejecución y Cámaras, en el que consta un relevamiento de la situación de detenidos en condiciones de acceder a prisión domiciliaria, libertades transitorias, condicionales o asistidas, penas de menor cuantía y agotamiento de pena, donde se evaluaron los casos de personas mayores de 60 años, afectados por la suspensión de plazos procesales y detenidos por delitos correccionales, estando estas definiciones actualmente en la esfera judicial.
En la Provincia del Chaco hay 1.268 personas privadas de su libertad en dependencias del Sistema Penitenciario Provincial, 1.134 en comisarías, de los cuales 578 se encuentran en el área Metropolitana.
Con estas medidas, el Gobierno Provincial busca propiciar la correcta implementación de medidas de bioseguridad e higiene que garanticen la seguridad, la sanidad y el resguardo en las dependencias penitenciarias y de detención locales de la población privada de su libertad y los trabajadores del Servicio Penitenciario, atento a las dificultades que pudieren afrontarse en el marco del brote epidemiológico de Covid -19.