La medida, que entrará en vigencia el lunes 13 de abril, busca garantizar que las y los ciudadanos permanezcan en sus hogares luego de las 21 horas.
El subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia Leandro Álvarez se refirió al simulacro de alarma sanitaria, realizado el martes en Resistencia con el fin de difundir la medida, próxima a implementarse, a través de vehículos oficiales. La alerta, ensayada por la Policía del Chaco, entrará en vigencia desde el lunes 13 de abril para garantizar que las y los ciudadanos permanezcan en sus hogares luego de las 21 horas.
De esta manera se busca generar conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y todas las medidas de bioseguridad establecidas por la emergencia sanitaria de coronavirus.
La Policía patrullará la ciudad con especial atención en lugares de esparcimientos públicos, como parques, plazas, espacios verdes, locales de eventos, y lugares donde se congreguen personas. Antes de las 21, los agentes solicitarán a las y los ciudadanos a que regresen a sus respectivos domicilios, a fines de evitar la propagación del virus.
“A la alarma tenemos que alejarla de un concepto policial y tomarla como un concepto proteccional. Son medidas excepcionales que se toman en un contexto de necesidad excepcional, para proteger la salud de todas y todos, medidas temporales, en este caso, la pandemia del COVID-19”, afirmó el funcionario.
Existen excepciones que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en rubros esenciales, las cuales están reflejadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 y los Decretos Provinciales 432 y su modificación 433. “Si las personas que se encuentran en la vía pública comprueban estar alcanzadas por algunas de estas excepciones se solicita que se acredite dicha circunstancia”, explicó Álvarez.
“En el caso que se compruebe por parte de la Policía que la persona está violando el aislamiento, transitando una zona alejada de su domicilio, y sin dicha acreditación, se procede a comunicar la situación a la fiscalía interviniente y a la Justicia Penal, que evalúa la pertinencia o no de iniciar acciones en función del posible incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal”, indicó.