Los equipos conformados por agentes del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Ministerio de Salud Pública, y de la Policía recorren la ciudad realizando verificaciones periódicas del cumplimiento del protocolo. En caso de constatar una violación, ejecutarán las sanciones correspondientes.
En una acción conjunta entre los Ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud Pública y la Policía provincial, el Gobierno activó este domingo los grupos de monitoreo para verificar el cumplimiento del aislamiento social de los casos sospechosos de coronavirus en Resistencia.
Agentes sanitarios, acompañados por personal de Policía de civil con identificación visitaron los domicilios de las personas sospechadas de ser portadoras del virus con el objetivo de dejar constancia en actas de si cumplen o no con el aislamiento social previsto en el protocolo de actuación.
“Este operativo conjunto de prevención es un programa de asistencia gubernamental para verificar los casos autorreportados sospechosos de coronavirus, como también de aquellas que no dieron aviso, mediante un programa de detección de personas llegadas del exterior”, explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.
Esta detección de personas que no se reportaron a las autoridades es posible gracias a un trabajo en conjunto con personal de Migraciones y de Gendarmería Nacional, “quienes comunican la lista de personas que ingresaron del extranjero a nuestra provincia. También se reciben llamadas al 911 de vecinos que denuncian el no cumplimiento del aislamiento, que luego personal del Ministerio de Salud y la Policía verifican”, agregó la funcionaria.
Los grupos de monitoreo, en compañía de psicólogos sociales, recorren la ciudad en horarios de mañana y tarde para realizar observaciones periódicas del cumplimiento del aislamiento. En caso de constatar una violación al protocolo, se procederá a confeccionar las sanciones por infracción a las medidas previstas por el DNU N° 260/2020 firmado por el Presidente de la Nación, que resulten aplicables conforme a la normativa vigente previstas por los artículos 202, 203, 205, 239 y concordantes de nuestro Código Penal.
En su artículo 202, la normativa establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, mientras que el artículo 203, determina que “cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años”.
Mientras que el artículo 205, más específico, señala: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
La ministra Zalazar destacó que, al tratarse de artículos definidos por la ley, “hay que aclarar que quien no cumple el aislamiento está incumpliendo una medida específica que surge de normativas penales”.
Protocolo de seguridad
El gobierno provincial elaboró un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad provinciales en el marco de la situación epidemiológica por coronavirus, con el objetivo de detectar, aislar y comunicar casos sospechosos y confirmados para minimizar el riesgo de contagio.
La estrategia de vigilancia sanitaria, incluida la detección, contención y mitigación de la propagación de este virus, implica la coordinación entre los distintos actores que interactúan en el territorio de la Provincia del Chaco.
Se considera un caso sospechoso a toda persona que presente fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 o tengan un historial de viaje, o hayan estado en zonas con transmisión local.
Un contacto estrecho es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado, mientras el caso presentaba síntomas y que no hubiera utilizado las medidas de protección adecuadas. También aplica a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, con un caso probable o confirmado, mientras el caso presentaba síntomas.
Ante la sospecha de un caso, el personal aplica los mismos procedimientos que se aplicarían si se hubiese confirmado: aislamiento, colocación de barbijo, rastreo de contactos, notificación a las autoridades, gestión de posibles zonas contaminadas, y derivación de ser necesario.
Según lo establece el protocolo, todos los contactos de un caso sospechoso, deberán permanecer en distanciamiento social con medidas de prevención de transmisión respiratoria y de contacto, en sus domicilios por 14 días o hasta que se descarte el caso.