El encuentro tuvo como objetivo avanzar en los compromisos de los tres poderes del Estado chaqueño en tres puntos clave: avance de la causa penal Greco II, proyecto de ley de estructura orgánica del Comité contra la tortura, y sostener el diálogo de los tres poderes con el Procurador general para fortalecer el trabajo de las Fiscalías especiales de derechos humanos.
El gobernador Jorge Capitanich encabezó una reunión con el presidente del Comité de Prevención de la Tortura Silvio Del Balzo. En la oportunidad, avanzaron sobre la resolución del caso del artesano chaqueño detenido de manera ilegal que murió al incendiarse la comisaría donde estaba alojado. Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara a las partes, desde el Estado informaron sobre el cumplimiento de los compromisos sustanciales parciales para la solución amistosa planteada por la CIDH,
En la reunión estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, el diputado Juan Manuel Pedrini, la asesora legal del Ministerio de Gobierno Roxana de los Santos, junto a otros integrantes del Comité.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, informó que se trabaja desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con el Comité y el Ministerio de Gobierno para solucionar de manera amistosa el caso Greco. Desde el gobierno provincial se trabaja en políticas para mejorar la calidad democrática y el acceso a la justicia, fortalcer la investigación de los casos para avanzar en la erradicación de la violencia institucional.
“La provincia trabajando fuerte en la erradicación de las violencias, en concordancia también con una mirada nacional de país que tiene que ver con generar políticas que promuevan una sociedad inclusiva, solidaria y respetuosa del otro. Donde podamos convivir todos los sectores y disminuyendo las tensiones para que disminuyan las violencias”, dijo Pérez.
Por su parte, el titular del Comité de Prevención de la Tortura aseguró que se trabaja desde ayer con el Gobierno en la solución amistosa que se da luego del acuerdo con la CIDH. “Estamos trabajando en la aprobación de la estructura que hubo gracias a la voluntad del gobernador de fortalecer el sistema de prevención y los mecanismos de contralor para la reducción de la violencia institucional en el Chaco”, dijo Del Balzo.
Por último, remarcó la importancia del fortalecimiento de los entes de contralor y destacó que “al ser un ente autárquico, se valora mucho la voluntad del gobernador de poner estos en funcionamiento efectivo para el control de situaciones de violencia institucional, en articulación con los ministerios, tanto como el sistema de seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos”, finalizó.
Cumplimiento de los compromisos sustanciales parciales ante la CIDH
La CIDH planteó la necesidad de que el Estado chaqueño promueva mejoras estructurales en la implementación de políticas de derechos humanos a través de una serie de requerimientos, a los cuales la provincia respondió cumpliendo los compromisos asumidos.
En cuanto a los resultados de la reapertura de la causa penal y de la investigación, por un lado los tres poderes comprometieron como fecha de tratamiento de la causa el 25 de abril en la Cámara Tercera en lo Criminal de la provincia. En cuanto al nuevo sumario administrativo, se definió que su tratamiento quedará subordinado al fallo que surja del tratamiento de la causa.
Sobre las gestiones realizadas por el Estado para fortalecer el funcionamiento del Comité provincial para la prevención de la tortura, se definió una mesa de trabajo, en la que el gobierno provincial abrió los canales de diálogo. Se generaron dos reuniones de trabajo: la primera el 24 de septiembre de 2019 y la segunda el 17 de febrero de 2020. La próxima reunión será en abril de este año.
Ls tres poderes del Estado chaqueño se comprometieron a impulsar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley, en el primer semestre del año, que dote al Comité de una estructura orgánica de cargos por concurso público, de antecedentes y oposición y perfiles profesionales. La medida tiene como objetivo generar una mayor autonomía de la institución.
Otro de los puntos del acuerdo fue en relación al presupuesto del Comité, en el que se produjo un avance significativo. En 2018, el organismo contaba con una asignación presupuestaria de $8.150.000, que ascendió a $17.000.000 en 2019. Actualmente, el presupuesto alcanza los $25.410.000, lo que representa un incremento del 331% desde 2018.
Esto permitió un incremento en el plantel de personal, que en 2018 contaba con 11 trabajadoras y trabajadores. Actualmente son 34 personas las que se desempeñan en Comité, lo que equivale a un aumento del 309% del personal. El incremento en el plantel permitió además fortalecer la presencia territorial de la institución, que abarca ahora las seis circunscripciones judiciales de la provincia.
En relación a las medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los derechos humanos, los tres poderes del Estado acordaron fortalecer el rol de la fiscalía en las causas judiciales Greco I y II. Cabe recordar que la fiscalía fue creada para mejorar la calidad institucional en materia de derechos humanos y que se constituyó como querellante en Greco I. También fue modificado el rol que tenía originalmente y se creó una fiscalía adjunta.
Se trata de la guardia de derechos humanos y línea de atención de emergencias las 24 horas en casos de vulneraciones a derechos en curso o inminentes, mediante un equipo interdisciplinario y contemplando la perspectiva de género y su conformación. También mediante querellas desde el propio poder Ejecutivo en casos de muertes o malos tratos vinculadas a las fuerzas policiales o de seguridad, garantizando la perspectiva de derechos humanos de las mismas.
Otro de los programas implica el impulso de litigios estratégicos para evidenciar las trayectorias de las violencias institucionales y producir así contenidos para las políticas públicas y la contención integral a las víctimas, y la creación de la Dirección de Abordaje Integral en Derechos Humanos, un organismo de recepción de casos y articulación interministerial e interpoderes en lo psicológico, jurídico y social con el objetivo de reparar, disminuir y erradicar las vulneraciones de derechos.
